BUENOS AIRES — Los diputados argentinos trataban el jueves el proyecto de ley para refinanciar una deuda con el Fondo Monetario Internacional por unos 45.000 millones de dólares mientras manifestantes que cuestionan las políticas de ajuste del organismo se enfrentaban a la policía en las inmediaciones del Congreso.
Varias decenas de militantes de grupos izquierdistas y organizaciones sociales comenzaron a tirar piedras contra la sede del Parlamento y a quemar neumáticos y contenedores de basura poco después de que comenzara el debate legislativo.
Algo más tarde llegó la policía de la ciudad de Buenos Aires para dispersarlos, pero los agresores siguieron tirando piedras y botellas, esta vez contra los agentes.
Pese a las reticencias que genera entre sectores de la sociedad y la clase política la iniciativa para habilitar la refinanciación de una deuda tomada por Argentina en 2018, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri (2007-2015), la ley sería aprobada para evitar mayores problemas a la economía.
“Es el mejor acuerdo que se podía conseguir, no hacerlo nos llevaría a un default (cese de pagos) y a problemas económicos e institucionales”, dijo el oficialista Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, pocos minutos después de que se abriera el debate.
La discusión en la cámara baja, que promete ser larga, se habilitó luego de que la noche del miércoles el gobierno del presidente peronista Alberto Fernández se aseguró los votos de la principal fuerza opositora a cambio de realizar modificaciones en el texto de la iniciativa. En caso de ser aprobada lo que se da por altamente probable, la iniciativa pasará al Senado en los próximos días.
Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno, dijo anteriormente a periodistas que el proyecto “es el mejor para alcanzar el consenso necesario, para demostrar que estamos todos comprometidos en encontrar la solución al problema”.
Luego de largas y difíciles negociaciones, el gobierno argentino cerró la semana pasada un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda tomada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que, según el oficialismo, busca despejar el fantasma de un cese de pagos y dar mayor estabilidad a la economía.
El pacto debe ser respaldado por el directorio del organismo luego de que el Congreso argentino apruebe la ley que lo habilita.
Tras frenéticas negociaciones con la alianza opositora Juntos por el Cambio -que tiene a Macri entre sus referentes- el oficialismo accedió a cambiar la redacción del proyecto de ley original evitando toda referencia al programa económico que negoció el Ministerio de Economía con el FMI para sellar el acuerdo.
La iniciativa quedó finalmente redactada con tres artículos, uno de los cuales insta a aprobar “las operaciones de crédito público” contenidas en el programa alcanzado con el FMI para reemplazar al acuerdo de 2018.
No incluye las metas en materia de reducción del déficit y otros puntos acordados entre el FMII y el ministro de Economía, Martín Guzmán, a instancias de los opositores, reacios a que el oficialismo los obligue a apoyar políticas económicas con las que dicen no estar de acuerdo.
Aunque cuenta con los votos suficientes de la principal fuerza opositora para sacar adelante el proyecto, el gobierno se topa aún con la resistencia de las fuerzas de izquierda y de un sector del oficialismo que tiene como referente a la centroizquierdista vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), titular del Senado.
Estos grupos consideran que cualquier acuerdo con el FMI conlleva políticas de ajuste que agudizarán la pobreza que afecta a más del 40% de la población.
El gobierno sostiene que el pacto de refinanciación de la deuda no supone una reforma del sistema jubilatorio ni del mercado laboral, aunque sí obligará a una actualización de las tarifas de servicios públicos, como el gas y la luz.
El acuerdo alcanzado con el FMI supone reemplazar el plan de 2018 por el cual Argentina enfrentaba vencimientos de pagos concentrados en 2022 y 2023 -y que eran imposibles de cancelar- por un Programa de Facilidades Extendidas durante dos años y medio que incluye revisiones trimestrales por parte del organismo.
El país sudamericano recibirá desembolsos para hacer frente a los vencimientos que sólo este año ascienden a 19.000 millones de dólares. Se estipuló además un periodo de gracia de cuatro años y medio, lo que implica comenzar a pagar deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
