El Departamento de Estado anunció el lunes acciones contra siete ciudadanos centroamericanos por “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”.
“Para avanzar en esta prioridad, estamos agregando a siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de Estados Unidos bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado de EE.UU-Triángulo Norte”, decía el comunicado en referencia a la legislación estadounidense que permite que esas personas designadas por el país norteamericano “no sean elegibles para visas” ni tampoco puedan ser admitidas a Estados Unidos.
Según el texto, la decisión se tomó al determinar que ellos habían realizado “acciones que socavaron a la democracia y obstruyeron las investigaciones sobre corrupción en El Salvador y Guatemala”.
En ese sentido, subrayan que “Estados Unidos está comprometido en apoyar al pueblo centroamericano fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas”, unos factores que, según el ejecutivo estadounidense, “son claves para un futuro mejor”.
Los magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, castigados
Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador son los afectados por el castigo de Estados Unidos. Son Elsy Dueñas de Avilés, Oscar Alberto López Jérez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez. “(Ellos) socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña”, expone el comunicado del Departamento de Estado.
Sobre eso, recuerdan que “los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima” tras la proclamación de la nueva Asamblea Legislativa en el país el pasado 1 de mayo.
“Una vez instalados, los nuevos magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa. Los magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente a pesar de una prohibición expresa (recogida en la Constitución) que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia”, sostienen desde el Gobierno de Estados Unidos.
Dos sancionados en Guatemala
Por parte de Guatemala, la actual Fiscal General del país, María Consuelo Porras Argueta de Porres, ha sido sancionada por Estados Unidos ya que, según el comunicado, “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”.
“El patrón de obstrucción de Porras incluía ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y despido de los fiscales que investigan la corrupción”, explican.
Ángel Arnoldo Pineda Ávila, que actualmente funge como secretario general del MP, es el último nombre que aparece en la lista de nuevos sancionados. En este caso, se considera que él “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones sobre anticorrupción”.
“El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”, dicen.
El Gobierno de Estados Unidos recalca que va a utilizar todas las “herramientas” que estén a su disposición para “promover la rendición de cuentas” entre aquellos que ataquen “las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano”. “Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular”, señalan.
Con todo, el ejecutivo estadounidense aclara que se va a seguir apoyando al pueblo de El Salvador y Guatemala “en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.
De Antoni Belchi
