Si las partes citadas no cooperan, hay al menos tres posibles acciones legales —que tienen precedente en la historia de EE.UU.—, según expertos. Foto de archivo del presidente Donald Trump.
WASHINGTON D.C. — El camino de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, para continuar su investigación al presidente Donald Trump sobre presunto abuso de poder, es catalogada por expertos como una “parálisis”, pero no es el final de una gama de opciones que tienen los legisladores.
La Casa Blanca declaró el martes que no cooperará con lo que denominó un proceso “ilegítimo” y escaso de elementos del “debido proceso”. Pese a eso, el miércoles, el presidente Donald Trump dejó la puerta abierta a colaborar si respetan “sus derechos”.
La pesquisa formal en el Congreso se inició el pasado 25 de septiembre. La Constitución de Estados Unidos otorga a la Cámara de Representantes el poder exclusivo para acusar a un presidente— y funcionarios públicos—, y la potestad de solicitar documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses que consideren pertinentes las comisiones.
Si las partes citadas no cooperan, estas son al menos tres posibles acciones legales —que tienen precedente en la historia de EE.UU.—, según expertos consultados por la Voz de América.
1. Un largo camino en tribunales
Los legisladores tienen la potestad de presentar una “queja” ante los tribunales estadounidenses —la tercera rama del poder en EE.UU.— para que exhorten a los testigos a cooperar con la investigación de juicio político, explica el experto en asuntos legales, Emilio Viano.
“No van a discutir la sustancia de la acusación, sino la obstrucción de justicia”, agrega el experto.
En julio de 1974, durante el proceso de juicio político contra el presidente Richard Nixon, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes presentó esta solicitud a los jueces, tras la negativa del mandatario de aportar evidencias. Recibieron el apoyo de los jueces, pero en agosto de ese mismo año, Nixon renunció a la presidencia.
El artículo 3 del juicio político a Nixon creó el precedente.
“En su desempeño en el cargo de presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon… ha fallado sin una causa o excusa legítima para producir documentos y cosas según lo ordenado por citaciones debidamente autorizadas emitidas por el Comité de la Cámara Judicial de Representantes”, reza el artículo.
La aplicación de este proceso, en el caso del presidente Trump, es la más probable y “fuerte” de las opciones que tienen los demócratas, asegura Molly Claflin, experta de la Sociedad Americana de la Constitución.
“Los procesos en la corte son muy largos, incluso si la Cámara de Representantes solicita un proceso expedito, puede tomar meses y posiblemente años”, explica Claflin.
2. El “poder inherente del Congreso”
Esto se refiere a un privilegio que tiene el Congreso, en representación del pueblo estadounidense, que no se aplica desde el pasado siglo.
Bajo el “poder inherente”, el individuo que obstruye las funciones del congreso, es llevado ante el Cámara o el Senado por el Sargento de Armas y puede ser encarcelado o detenido en el Capitolio, en otro lugar, de acuerdo con un documento del Centro de Investigaciones Congresionales.
Viano explica que es difícil aplicarlo, en principio, porque el Congreso tiene una policía con una jurisdicción limitada, y porque no existen cárceles donde albergar a los detenidos.
Una reciente decisión de una corte federal considera que este mecanismo provocaría una “confrontación constitucional indecorosa” que debería evitarse.
3. Cooperación del Departamento de Justicia
El presidente Trump sugirió que “probablemente [este] termine siendo un gran caso en la Corte Suprema”, porque considera que el Partido Republicano ha sido tratado injustamente por los demócratas.
Según Viano “este no es un caso gobernado por el código de procedimiento penal, es un procedimiento político respaldado por la Constitución, que le corresponde al Congreso”.
En 1993, la Corte Suprema sostuvo que el juicio político era asunto del Congreso, no de los tribunales.
Solo tres de los 44 presidentes de EE.UU. —Andrew Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton— han sido enfrentados a este tipo de investigaciones, ninguno de ellos ha sido condenado o destituido de su cargo.
