Tensión en Buenos Aires: la Policía reprime con gases lacrimógenos una multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública

Las fuerzas de seguridad argentinas utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra miles de manifestantes que se concentraron este jueves en Buenos Aires para protestar contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y exigir una mayor financiación para las universidades públicas. La movilización, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, familias, sindicatos y organizaciones sociales, estuvo marcada por momentos de tensión y enfrentamientos en las inmediaciones del Parlamento.

Los incidentes comenzaron cuando un grupo de aproximadamente ocho personas encapuchadas empezó a romper mobiliario urbano y a arrojar objetos contra el vallado instalado alrededor del Congreso. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad intervinieron con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los presentes, en una actuación que terminó afectando también a numerosos participantes que se manifestaban pacíficamente.

Entre las personas alcanzadas por los gases había estudiantes, profesores, trabajadores de las instituciones educativas y familias que habían acudido a la protesta para reclamar medidas urgentes que garanticen el funcionamiento de las universidades públicas. Los manifestantes denunciaron que la intervención policial perjudicó a quienes ejercían su derecho a movilizarse para defender la educación pública y exigir respuestas a las demandas del sector.

Uno de los principales reclamos de la jornada fue la aplicación de la ley de financiamiento universitario, destinada a garantizar mayores recursos para las instituciones educativas. Los participantes también exigieron una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores universitarios, así como un incremento de los fondos necesarios para sostener la actividad académica, la investigación y el funcionamiento cotidiano de los centros públicos.

La protesta se produjo en un contexto de fuerte disputa entre el Gobierno de Milei y distintos sectores de la educación superior, que cuestionan las políticas de ajuste presupuestario y advierten sobre sus consecuencias para la calidad educativa y el acceso a la universidad. Para los organizadores y los participantes, el financiamiento de las instituciones públicas constituye una cuestión fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que las dificultades económicas limiten el acceso de los jóvenes a los estudios superiores.

Durante los momentos de mayor tensión también se registraron agresiones contra profesionales de los medios de comunicación. Un camarógrafo del canal C5N recibió un golpe en el rostro cuando se acercó a uno de los individuos que participaba en los disturbios para preguntarle a qué grupo pertenecía y qué llevaba en su bolso. El episodio quedó enmarcado en una jornada complicada para la cobertura periodística, desarrollada entre enfrentamientos, humo y escenas de confusión.

Las cámaras de televisión también captaron el momento en que una de las granadas de gas lacrimógeno disparadas por la Policía impactó en la cabeza de una manifestante. La mujer explicó que había acudido a la marcha para reclamar que sus hijos pudieran acceder a una educación pública, en unas imágenes que reflejaron el impacto de los operativos de seguridad sobre algunos de los asistentes.

Los incidentes se produjeron poco antes del comienzo del acto central de la movilización. El evento arrancó en medio del humo de los gases lacrimógenos y de un ambiente de caos en los alrededores del Congreso, mientras miles de personas continuaban concentradas para expresar su rechazo a las medidas del Ejecutivo y reclamar una solución a los problemas de financiación que afectan a las universidades.

La jornada de protesta no se limitó a la capital argentina. También se organizaron movilizaciones en otras ciudades del país, en una convocatoria que contó con la participación de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y colectivos vinculados a la defensa del medioambiente y de las políticas sociales afectadas por los recortes presupuestarios.

Los participantes coincidieron en reclamar mayores recursos para las instituciones públicas y medidas que permitan preservar los servicios educativos y sociales. La presencia de distintos sectores de la sociedad convirtió la jornada en una expresión más amplia del descontento frente a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Milei.

La defensa de la universidad pública volvió así a ocupar un lugar central en el debate político y social argentino. Mientras los manifestantes insistieron en la necesidad de garantizar salarios adecuados y presupuestos suficientes para las instituciones educativas, los incidentes registrados en Buenos Aires dejaron imágenes de enfrentamientos y de personas afectadas por los gases lacrimógenos en una protesta que había reunido a miles de ciudadanos en torno a la educación pública.

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