El Gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a aproximadamente 980,000 personas desde el inicio de su segundo mandato, según un informe del Migration Policy Institute (MPI), que analiza el impacto de la política migratoria de línea dura de la Administración, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene suspendida la publicación de estadísticas oficiales.
El estudio comprende el período entre el 20 de enero de 2025, fecha en que Trump asumió nuevamente la presidencia, y el 31 de julio de 2026. El análisis se basa en información pública obtenida mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA), después de que el DHS dejara de divulgar este tipo de datos en enero de 2025.
Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, estableciendo como objetivo alcanzar un millón de expulsiones al año.
De acuerdo con el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevaron a cabo conjuntamente unas 980,000 deportaciones durante el período analizado.
Al distribuir las cifras por año fiscal, que comprende de octubre a septiembre, el ritmo de expulsiones equivale a aproximadamente 620,000 deportaciones en 2025 y unas 660,000 en 2026, según las estimaciones del MPI.
La mayoría de las deportaciones estuvo vinculada a la frontera
A pesar de que los cruces fronterizos con México se encuentran en niveles históricamente bajos, el 69 % de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera, señala el informe.
De ese total, unas 340,000 personas fueron devueltas directamente por la CBP. Otras 340,000 fueron detenidas en la frontera y posteriormente deportadas por el ICE tras ser procesadas dentro de Estados Unidos.
El 31 % restante, equivalente a unas 300,000 personas, correspondió a inmigrantes arrestados en el interior del país. Según el MPI, muchas de estas personas probablemente llevaban años viviendo en comunidades estadounidenses antes de ser detenidas.
Las detenciones dentro del territorio estadounidense han cobrado mayor protagonismo en la estrategia migratoria de Trump. La Administración ha difundido vídeos de estos operativos en redes sociales y ha impulsado amplios despliegues en ciudades como Chicago y Minneapolis.
El informe señala que las detenciones en el interior del país representaron el 28 % de las deportaciones en 2025. La proporción aumentó al 34 % durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el 39 % en julio de ese año.
Asimismo, el promedio mensual de estas detenciones pasó de unas 8,000 durante los primeros tres meses del mandato a aproximadamente 19,000 entre mayo y julio de 2026.
Miles de deportados llevaban años viviendo en Estados Unidos
Al excluir las devoluciones fronterizas realizadas directamente por la CBP, el informe revela que una parte considerable de las personas deportadas por el ICE llevaba un largo período residiendo en el país.
De las aproximadamente 640,000 personas deportadas por el ICE que se consideran en este análisis, unas 390,000 —el 61 %— habían vivido en Estados Unidos durante al menos dos años. Además, alrededor de 90,000, equivalentes al 15 %, llevaban una década o más en el territorio estadounidense.
Los datos también cuestionan la afirmación de la Administración de que su prioridad es expulsar a inmigrantes con antecedentes penales, a quienes Trump ha descrito como «lo peor de lo peor».
Según el MPI, el 71 % de las personas deportadas que llevaban al menos dos años en Estados Unidos —unas 280,000— no tenía condenas penales. Entre quienes habían residido en el país durante diez años o más, el porcentaje sin condenas alcanzó el 61 %, equivalente a aproximadamente 57,000 personas.
En términos generales, el estudio estima que solo el 20 % del total de deportaciones, es decir, unas 190,000 de las 980,000 registradas, correspondió a personas que habían sido condenadas por algún delito.
Las cifras ofrecen una perspectiva sobre el alcance de la política migratoria del segundo Gobierno de Trump y muestran que las expulsiones no se han limitado a personas con condenas penales, sino que también han afectado a miles de inmigrantes con largos años de residencia en Estados Unidos.
