A mediados de julio de 2026, un incendio en Andalucía, España, arrasó unas 7.000 hectáreas y causó la muerte de 14 personas. Desde el inicio del fuego, usuarios en redes sociales difunden publicaciones que sugieren que habría sido provocado para instalar una planta de energía solar y lo asociaron a un proyecto fotovoltaico de 2023. Los mensajes fueron compartidos más de 12.600 veces. Sin embargo, expertos consultados por la AFP explicaron que incendiar un terreno no supone «ninguna ventaja» para las empresas, ya que encarece los proyectos y dificulta los trámites.
«RESULTA QUE HABÍA PREVISTO HACER UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA ZONA INCENDIADA DE ‘LOS GALLARDOS’ (ALMERÍA) DESDE 2.023 Incluso está publicado en el B.O.E.», dice una entrada en X, en referencia al Boletín Oficial del Estado español. «Y el Ministro de Justicia [Félix] Bolaños hablando de la ‘virulencia del cambio climático’. HABÉIS MATADO A PERSONAS EN ESE INCENDIO QUE HABÉIS PROVOCADO», agrega.
Junto a las afirmaciones se comparte una captura de pantalla de una resolución de abril de 2023 publicada en el BOE. «Se otorga a Green Capital Power, SL, la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica La Rambla, de 89,125 MW de potencia instalada, y para su infraestructura de evacuación, en Lucainena de las Torres, Sorbas, Bédar, Los Gallardos y Antas (Almería)», indica el texto de la imagen.
El incendio, el más letal de España en las últimas dos décadas, causó 14 fallecidos, antes de quedar «controlado» cinco días después de su inicio, anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el origen de las llamas habría sido la caída de un cable eléctrico sobre una carretera.
Pese a que en redes sociales usuarios afirmaron que el fuego habría sido provocado para facilitar la construcción de una planta solar, expertos consultados por la AFP explicaron que un incendio no simplifica estos proyectos, sino que añade obstáculos.
En los terrenos de uso forestal, la ley de montes prohíbe cambiar su uso durante al menos 30 años tras un incendio, salvo que el plan se haya aprobado antes o se declare de «interés público».
Además, la norma obliga a recuperar una superficie forestal «equivalente a la quemada», lo que encarecería los costes. A ello se sumarían también los gastos de «limpieza del área quemada», recordó la Asociación Empresarial Eólica en un informe publicado en 2025.
En todo caso, recalificar un terreno «implica un cambio en el plan de ordenación urbana en el municipio, que es un trámite muy complicado», apuntó a la AFP Cristina Torres-Quevedo, directora de Regulación y Financiero de la Unión Española Fotovoltaica, el 23 de julio de 2026.
«Hay suelo más que suficiente que no necesita esos extensísimos y complicados procesos», añadió. La experta precisó además que es más difícil que una superficie quemada tenga la firmeza necesaria para la instalación de un proyecto renovable.
Incluso si el proyecto ya hubiera sido aprobado y contara con una declaración de impacto ambiental favorable, un documento necesario para su realización, se haría «difícil mantener las condiciones» acordadas en el texto. Por el contrario, si la evaluación ambiental aún no se hubiera presentado, sería «prácticamente imposible obtener una en ese terreno», dijo la experta.
En esa misma línea, Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de la asociación Ecologistas en Acción, señaló a la AFP el 16 de julio de 2026 que «no se puede reducir trámites ni hacer una facilitación de esos suelos por el mero hecho de que estén quemados».
Por todo ello, incendiar una superficie no ofrece » ninguna ventaja» para construir parques eólicos o fotovoltaicos, a juicio del profesor de Energías Renovables y Sostenibilidad en la Universidad a Distancia de Madrid, Adolfo Núñez Sarompas. «No tiene lógica incendiar un terreno porque te da muchísimos problemas», aseguró a AFP Factual también el 16 de julio.
El proyecto no se ha realizado
La captura viral corresponde a la autorización administrativa previa de un proyecto fotovoltaico denominado «La Rambla», aprobado en 2023.
Pero esta «no se ha ejecutado», informó el 16 de julio de 2026 a AFP Factual Juan González, alcalde de Sorbas, una de las localidades donde estaba prevista la instalación de la planta fotovoltaica.
La «única relación» que este proyecto tiene con Los Gallardos, el municipio donde comenzó el incendio, «no es otra que el trazado de la línea de evacuación», precisó González. Así lo estipula el propio documento del proyecto.
En un mensaje de WhatsApp difundido a medios el 13 de julio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico precisó que » la gran mayoría de sus infraestructuras estaban previstas a decenas de kilómetros del incendio». Y, además, informó de que la licencia inicial con la que contaba el proyecto «ha caducado» por incumplimiento de plazos.
Por otra parte, algunos de los mensajes virales incluyen la captura de pantalla de otra resolución publicada supuestamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «núm. 279» del «miércoles 20 de noviembre de 2024» sobre el proyecto de «La Rambla».
Pero el BOE de esa fecha es el número 280, no el 279, y no contiene referencias a dicha resolución. Tampoco aparece mencionada en el boletín del día anterior, por lo que la captura no coincide con ningún documento oficial público.
