El Congreso de los Diputados de España rechazó los dos decretos de vivienda impulsados esta semana por el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez, en una votación cuyo resultado podría tener nuevas consecuencias dentro del panorama político del país.
El primer decreto obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo recibió 166 votos favorables y 184 en contra. Las medidas contaban con el respaldo del PSOE y Sumar, pero fueron rechazadas por el Partido Popular (PP), Vox y otros grupos, entre ellos Junts per Catalunya.
La posición de Junts ya anticipaba el resultado desde el jueves, cuando el partido independentista catalán anunció que votaría en contra y pidió al Gobierno elaborar un nuevo texto basado en una propuesta presentada por su grupo parlamentario.
Medidas para enfrentar la crisis de vivienda
Los decretos fueron preparados en medio de una creciente ola de protestas por la crisis de vivienda que afecta a España. Las movilizaciones incluyeron una acampada instalada el pasado 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid.
Uno de los casos que impulsó las protestas fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien tuvo que ser ingresada en un hospital después de abandonar su vivienda, aunque posteriormente se le permitió regresar.
El primer decreto, presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, buscaba ampliar la oferta de vivienda asequible e incluía medidas como limitar las subidas de los alquileres, prohibir determinados desahucios hasta 2030, regular los alquileres de temporada e introducir incentivos para que los propietarios reduzcan las rentas.
También contemplaba restricciones a determinadas operaciones de compra consideradas especulativas y medidas dirigidas a favorecer el acceso a viviendas a precios más asequibles.
El segundo decreto, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, establecía la renovación automática de los contratos de alquiler.
Mientras se desarrollaba el debate en el Congreso, miles de manifestantes se concentraron frente a la sede parlamentaria para exigir la aprobación de las medidas, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
El rechazo de los decretos abre ahora un nuevo escenario político para el Gobierno de Sánchez. Algunos sectores ya plantean la posibilidad de que la situación pueda llevar a un adelanto de las elecciones generales, previstas, según el calendario ordinario, para mediados de 2027.
