La administración de Donald Trump revocó las visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de varios países latinoamericanos, entre ellos el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, alegando acusaciones relacionadas con corrupción y obstáculos a los esfuerzos contra el narcotráfico.
La medida afecta a personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado señaló que las restricciones forman parte de una política más amplia para combatir la corrupción, el narcotráfico y otras amenazas a las instituciones democráticas en el hemisferio.
Según el gobierno estadounidense, las acciones buscan cumplir con el compromiso de defender la gobernabilidad democrática y reforzar el Estado de derecho en la región.
Entre los afectados se encuentra Mariaca, quien fue elegido fiscal general de Bolivia en 2024 para un mandato de seis años. Estados Unidos lo acusa de haber utilizado su cargo para solicitar y aceptar sobornos relacionados con el narcotráfico y de ayudar a delincuentes violentos a evitar la justicia.
Mariaca rechazó las acusaciones y negó que su visa haya sido revocada por razones justificadas. El fiscal defendió su actuación y afirmó que continuará investigando casos que, según sus declaraciones, han generado presión e incomodidad política.
“No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”, sostuvo.
En Bolivia, los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados también pidieron que Mariaca se aparte temporalmente de sus funciones mientras se investigan los señalamientos. El Legislativo puede iniciar un proceso de responsabilidades, aunque no puede destituirlo directamente.
La decisión de Washington se produce en el marco de una política más amplia de utilización de restricciones de visas como instrumento de presión diplomática. El gobierno de Trump ha señalado que busca reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El Departamento de Estado sostiene que socavar a gobiernos elegidos democráticamente representa una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en el continente. Los funcionarios señalados, por su parte, han rechazado las acusaciones o cuestionado las medidas adoptadas por Washington.
