Ecuador inicia su cuarto toque de queda del año para contener la violencia a semanas de las elecciones locales

Diez días de restricciones en cinco provincias, de cara a los comicios locales.

La restricción de movilidad comenzó en la madrugada de este domingo 1 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 10 de noviembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, en el occidente de Ecuador, así como en Esmeraldas, en el norte del país.

Durante este periodo, la circulación estará restringida entre las 00:00 y las 05.00, hora local. Las cinco provincias se encuentran en la franja costera ecuatoriana, una región que concentra buena parte de la actividad de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y algunas de las ciudades con los índices de homicidios más elevados del continente.

 

Según lo estipulado por el Gobierno, durante las horas de restricción solo podrán circular los equipos de emergencia. El presidente Daniel Noboa ha presentado la medida como una forma de proteger a la población civil mientras policías y militares ejecutan «operaciones especiales» destinadas a irrumpir en inmuebles y capturar a presuntos integrantes de grupos criminales.

La decisión incluye, además, a Guayaquil, principal puerto y mayor ciudad de Ecuador, convertida en uno de los epicentros de la violencia que ha transformado la situación de seguridad del país en los últimos años.

El cuarto toque de queda de 2026

Este es el cuarto toque de queda decretado por Noboa en lo que va de 2026, después de las restricciones impuestas en marzo, mayo y septiembre.

La sucesión de estas medidas refleja la dificultad del Gobierno para contener una crisis de seguridad que ha alcanzado niveles sin precedentes. Ecuador cerró 2025 con un récord de 9.283 homicidios, una tasa superior a los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según los datos citados en la información proporcionada.

Los toques de queda han formado parte de una estrategia más amplia basada en sucesivos estados de excepción, decretados de manera parcial o nacional. Desde 2024, Noboa ha planteado su política de seguridad como una «guerra» contra el crimen organizado, después de declarar la existencia de un «conflicto armado interno» y clasificar a varias bandas criminales como grupos terroristas.

Bajo los estados de excepción, el Ejecutivo ha podido restringir temporalmente determinados derechos, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones y, en determinados casos, la libertad de tránsito mediante los toques de queda.

 

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