LIMA — La justicia peruana interrogó el viernes al encarcelado expresidente Alberto Fujimori a solicitud de la Corte Suprema de Chile que decidirá si autoriza a que Perú juzgue al exmandatario por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas a mujeres pobres durante su mandato (1990-2000).
El juicio contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas está suspendido en Perú a la espera de que Chile otorgue un permiso para juzgarlo por esta acusación, debido a que Fujimori fue capturado y extraditado desde Chile en 2007 para ser juzgado por otros delitos distintos, entre ellos por asesinato y corrupción.
El juez peruano Littman Ramírez dijo en una audiencia virtual que se le imputaba a Fujimori haber ejecutado una política de planificación familiar para disminuir la pobreza y “mostrar evidencias del crecimiento económico” con el apoyo de organizaciones internacionales incluida The Nippon Foundation. Añadió que se evaluará su presunta autoría mediata en las lesiones que ocasionaron la muerte a cinco mujeres y en las lesiones graves sufridas por otras 1.301 que fueron esterilizadas contra su voluntad.
Fujimori, que tenía una cánula de oxígeno binasal y se abrigaba con una casaca con capucha, estaba sentado frente a una computadora en una sala de la cárcel para presidentes en Lima acompañado de su abogado. El juez Ramírez añadió que el programa de planificación familiar se aplicó sin la infraestructura adecuada, personal especializado, así como sin el debido conocimiento informado de las personas. Eso generó como resultado “lesiones graves en una gran cantidad de mujeres y en algunos casos la muerte”, indicó.
El juez concluyó que los “terribles” resultados del programa “fueron puestos en conocimiento del presidente Fujimori, pero aún así no ordenó la detención de su aplicación”. “Buscaba lograr un mayor crecimiento económico a través de la disminución de la pobreza que conseguiría con la reducción de la tasa en la natalidad”, explicó el magistrado.
El exmandatario, acomodándose los anteojos, respondió que la imputación era “totalmente falsa”.
“Lo que hizo mi gobierno fue ofrecer en particular a las mujeres todos los métodos de planificación familiar modernos y tradicionales a la libre elección de cada una de las interesadas”, señaló.
Fujimori añadió que Perú en la década de 1990 tenía elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, en especial en el sur de los Andes, incluidas las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. “Esta imputación no concuerda con los hechos”, finalizó.
El proceso judicial en Perú incluye a tres exministros de Salud durante el mandato de Fujimori, entre 1990 y 2000. La justicia de Chile autorizó en 2007 que Perú juzgue a Fujimori por otros casos, incluyendo violaciones a los derechos humanos y corrupción. El exmandatario se fugó en 2000 a Japón acosado por escándalos de corrupción y llegó a Chile en 2005, donde fue capturado y extraditado a Perú.
El caso de las esterilizaciones forzadas es uno de las más emblemáticos de Perú, donde, a finales del siglo XX, el poder político buscó frenar la natalidad de los más humildes y los indígenas como parte de una estrategia para disminuir la pobreza del país, según el Ministerio Público.
Alejandra Ballón, antropóloga peruana estudiosa del caso, afirmó que las esterilizaciones forzadas masivas pueden ser consideradas como “el crimen de lesa humanidad más grave que se ha cometido contra nuestra población indígena” desde la época colonial, entre el siglo XVI y XIX, cuando Perú estaba dominado por el imperio español.
Las mujeres esterilizadas, todas pobres y sin poder político, lucharon durante dos décadas para que la Fiscalía denunciase al expresidente. La investigación preliminar de los fiscales sufrió varios intentos de archivo en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.
En marzo de 2021, casi un cuarto de siglo después de los hechos, un fiscal, en representación de las de más de 1.300 esterilizadas a la fuerza, denunció a Fujimori y a sus exministros de Salud.
El proceso judicial avanzó tan lento que el juez demoró casi tres meses en leer su decisión, en medio de audiencias interrumpidas o postergadas mientras el juzgado alegaba que el retraso se debía a que tenía otros procesos que le impedían avanzar con rapidez.
Pablo Espinoza, el fiscal que denunció al exmandatario hace dos años, dijo que el gobierno de Fujimori se había focalizado en esterilizar a las más pobres. Citó cientos de ejemplos en una sesión extensa.
“No hay agraviadas de otros sectores sociales”, indicó añadiendo que, entre 1996 y 2000, se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos remotos que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin consentimiento informado.
Según Espinoza, la política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban más esterilizaciones, pero también los amenazaban con el despido si no lograban los objetivos.
De acuerdo con la fiscalía, se realizaron 273.684 esterilizaciones y se produjeron 1.599 complicaciones.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por su autoría mediata en los asesinatos de 25 peruanos, incluyendo a un niño de 8 años, a manos de un grupo clandestino de militares. Tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.
Por dos décadas, las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con faldas y muslos manchados con tinta roja, o mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas.
En este tiempo, presidentes de todo el espectro político han dado la espalda a las activistas, incluyendo Pedro Castillo (2021-2022), quien recordó que su familia campesina sufrió esterilizaciones. Dina Boluarte, quien sucedió a Castillo tras su destitución en diciembre, no se ha pronunciado.
