WASHINGTON DC — A solo días de las abortadas protestas del 15 de noviembre y meses después de las históricas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, la Casa Blanca mantiene su estrategia de hacer rendir cuentas al gobierno cubano por reprimir el disenso público.
“El presidente [Joe] Biden nos ha indicado tomar ciertos pasos hacia Cuba. Específicamente después de las protestas del 11 de julio, él nos dirigió a tomar pasos que promuevan la rendición de cuentas por los abusos que vimos el 11 de julio”, dijo Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La diplomática señaló que la administración demócrata ha observado los arrestos y detenciones de los que protestaron “y ahora vemos sentencias de 15 a 30 años para las personas que simplemente salieron a la calle para usar su voz y hacer demandas a su propio gobierno”.
El 11 de julio pasado miles de manifestantes protestaron de manera espontánea en más de 60 pueblos y pequeñas ciudades de toda la isla exigiendo libertad, en las que son consideradas las mayores manifestaciones desde la toma del poder por Fidel Castro en 1959.
Entre las medidas adoptadas, Mendrala destacó algunos pasos tomados por Washington “en apoyo del pueblo cubano”, como agregar más empleados en la embajada estadounidense en La Habana —que continúa cerrada—, la formación de un grupo de trabajo sobre las remesas y “buscar el acceso libre a la internet”, aunque, recalcó, no es una medida de solución inmediata.
Apoyo a los manifestantes del 15N
La Marcha Cívica convocada por el dramaturgo Yunior García a través de la plataforma Achipiélago fue abortada por las autoridades cubanas, y organizaciones y activistas dentro de la isla han denunciado la detención de algunos que planeaban manifestarse.
Mendrala envió un mensaje solidario a quienes vieron frustradas sus intenciones de salir a expresarse. “Lamentamos mucho que el gobierno de Cuba no permitiera a la gente protestar, manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre”.
También recalcó que el pueblo cubano quiere usar su voz y “hacer públicas sus demandas a su propio gobierno” y lamentó que las autoridades cubanas lo impidan.
Desde que fuera convocada la marcha, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel usó una serie de recursos para impedir su realización, como las citaciones policiales a los activistas, expulsión de profesionales de sus centros laborales y mítines de repudio contra las principales figuras de Archipiélago.
García se vio rodeado por turbas progubernamentales el 14, víspera de la marcha, y este lunes 16 llegó a Madrid con una visa de turista expedida por el gobierno español.
La Habana acusó a los coordinadores de la marcha de estar al servicio de Estados Unidos y rechazó ofrecer los permisos solicitados para la manifestación.
* Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, periodista de VOA, desde Miami.
