MIAMI, EE. UU. — Pasadas las 3 p.m. del lunes 15 de noviembre, el despliegue de fuerzas de las autoridades cubanas impidió la Marcha Cívica por el Cambio? que convocara el proyecto Archipiélago, liderado por el dramaturgo Yunior García desde La Habana.
A García, una turba de simpatizantes del gobierno le impidió salir de su casa el domingo, cuando planeaba marchar en solitario con una rosa blanca. El incidente fue un preludio de lo que vendría el lunes.
En la jornada del 15, cuando se esperaba una respuesta masiva de cubanos en las calles a la convocatoria de la marcha pacífica, la policía había acordonado las viviendas de varios de los coordinadores de Archipiélago. En varias provincias, según el relato de testigos, las autoridades detuvieron a organizadores y desplegaron turbas progubernamentales frente a los domicilios de quienes habían confirmado su asistencia a la protesta.
“El miembro del grupo Archipiélago Julio Ledón Iglesias, ha sido arrestado por dos policías uniformados y otro de civil en Bauta sobre la 1:20 p.m. (provincia de Artemisa)”, indicó la plataforma el lunes en su grupo de Facebook.
Desde la cuenta del dirigente opositor y preso actualmente en Cuba José Daniel Ferrer García, su hermana, Ana Belkis Ferrer, publicó un video de la detención de una familia de opositores en Holguín. Fidel y Ana Iris Miranda Leyva, así como una mujer de 74 años identificada como María Casado Ureña, quienes gritaban en la calle contra el gobierno, fueron introducidos a la fuerza en un minivan blanco por efectivos policiales.
Antes de las protestas, los organizadores publicaron guías para apoyar las marchas sin participar en ellas, instando a los manifestantes a vestir de blanco, colgar sábanas del mismo color en el frente de sus viviendas, aplaudir a las 3:00 p.m. y hacer un “cacerolazo” a las 8:00 p.m.
Temprano el lunes, la activista y miembro de Archipiélago Saily González Velázquez publicó un vídeo en las redes sociales en el que se ve una turba de personas en el frente de su casa que le gritaban improperios y amenazas, mientras ondeaban banderas y carteles a favor del gobierno. La turba le impidió salir de su vivienda.
En la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla, partidarios del gobierno se presentaron frente a la vivienda de los familiares de Andy García Lorenzo, de 23 años, quien está preso desde las protestas del 11 de julio, para protagonizar un acto de repudio.
“Esta calle es de Fidel”, gritaba una turba frente a la vivienda mientras la familia de García, vestida de blanco, pedía su liberación y el fin del gobierno de Díaz-Canel, según se pudo ver en una transmisión en la página de Facebook de Roxana García Lorenzo.
Desde hace varios días, la policía política cubana había llamado a citaciones oficiales a periodistas independientes y activistas que usan frecuentemente sus redes sociales para informar o promover los derechos humanos en la isla.
La periodista del portal Cubanet María Matienzo publicó fotos y videos del cerco policial a su casa en La Habana.
Lo mismo hizo la periodista del diario digital 14ymedioLuz Escobar.
El periodista independiente y colaborador del portal Diario de Cuba Jorge Enrique Rodríguez hizo una transmisión en directo el lunes desde el municipio Cerro, en La Habana. Poco después, “sobre las 2:30 p.m. se dejó de saber de él, después de recibir la llamada de un represor reclamándole por las directas que estaba haciendo”, dijo su colega María Matienzo.
La abogada Laritza Diversent, quien dirige desde Maryland, Estados Unidos, la consultoría jurídica Cubalex, aseveró que la organización recibió denuncias de incidentes en 13 provincias.
“Estamos registrando todo porque queremos ir observando los patrones: hay detenciones, hay arrestos domiciliarios, porque para nosotros la reclusión domiciliaria es una forma de privación de libertad porque no tienes movilidad y, según los estándares internacionales, la reclusión domiciliaria puede calificar como eso”, explicó.
Diversent dijo que, según los informes recibidos por Cubalex, a los activistas les pusieron vigilancia y cuando salieron a las calles, fueron arrestados. “Ya los tenían controlados”, aseguró.
La convocatoria fue lanzada cuatro meses después de las protestas masivas del 11 de julio, que dejaron centenares de detenidos y un número hasta ahora indeterminado de personas sancionadas a largas penas de cárcel bajo delitos de sedición y desorden público, entre otros, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
De Luis Felipe Rojas
