La organización Human Rights Watch criticó un decreto emitido por el gobierno de Bolivia para responder a la emergencia por el COVID-19, que según dice incluye una disposición demasiado amplia que las autoridades podrían utilizar para procesar a quienes critican las políticas gubernamentales.
“El gobierno boliviano parece estar aprovechando la pandemia para darse el poder de castigar a cualquiera que publique información que el gobierno considere “incorrecta”, en violación de la protección de la libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El debate vigoroso es la mejor medicina contra la información incorrecta, no los términos de prisión”, agregó.
El 25 de marzo, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió un decreto que promulga medidas para extender la cuarentena contra COVID-19. También incluye una disposición de que “las personas que inciten al incumplimiento de este decreto o desinforman o causen incertidumbre a la población estarán sujetas a cargos penales por delitos contra la salud pública”.
Altos funcionarios del gobierno boliviano han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles objetivos de enjuiciamiento bajo el decreto.
El decreto no especifica qué acciones o declaraciones deben clasificarse como “desinformación” o acciones que “causan incertidumbre a la población”. Este lenguaje excesivo, sin definiciones legales claras, puede ser objeto de abuso para sofocar el discurso legítimo, dijo Human Rights Watch.
El decreto establece que quienes cometan “delitos contra la salud pública” serán condenados de 1 a 10 años de prisión, según lo dispuesto por el código penal de Bolivia.
Human Rights Watch dice que no tiene conocimiento de ningún caso en el que el gobierno haya invocado expresamente el decreto del 25 de marzo para enjuiciar a un individuo por su libertad de expresión.
