El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que ha creado una nueva oficina para investigar la afluencia de inmigrantes sospechosos de obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense y buscar órdenes judiciales para despojarlos de la naturalización.
La medida es parte de la aplicación agresiva de la administración Trump de las leyes de inmigración en los últimos tres años, incluidas las leyes que permiten al gobierno desnaturalizar y deportar a ciudadanos nacidos en el extranjero.
Desde 2017, el Departamento de Justicia ha presentado 94 casos de desnaturalización en un tribunal federal, un aumento anual del 200%, según un funcionario del departamento. Durante el mismo período, el número de referencias de casos se disparó en un 600% al año, dijo el funcionario.
El Departamento de Justicia dijo que la nueva sección de desnaturalización se creó en respuesta a un número creciente de referencias provenientes de agencias de aplicación de la ley, como los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
“La Sección de Desnaturalización promoverá los esfuerzos del Departamento para perseguir a aquellos que obtuvieron ilegalmente el estatus de ciudadanía y garantizará que sean responsables de su conducta fraudulenta”, dijo Jody Hunt, fiscal general asistente a cargo de la división civil, en un comunicado.
La nueva sección investigará y litigará casos de desnaturalización que involucren terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores, dijo el departamento.
“Cuando un terrorista o delincuente sexual se convierte en ciudadano estadounidense bajo falsas pretensiones, es una afrenta a nuestro sistema. Y es especialmente ofensivo para quienes son víctimas de estos delincuentes”, dijo Hunt.
Los críticos dicen que la administración ha lanzado una red mucho más amplia, utilizando la desnaturalización para reprimir la inmigración legal e ilegal. Ya en 2017, el entonces fiscal general Jeff Sessions dijo que el departamento “buscará agresivamente la desnaturalización” y que “la desnaturalización jugará un papel destacado en asegurar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.
“Esto es solo parte de un proceso de varios años por el cual el gobierno ha estado acelerando la desnaturalización, y comenzó poco después de que el presidente Trump asumió el cargo”, dijo Amanda Frost, profesora de la Facultad de Derecho de la American University Washington y una autoridad líder en desnaturalización.
Según la ley estadounidense, los ciudadanos naturalizados pueden ser despojados de la ciudadanía si han adquirido la naturalización sin cumplir con los requisitos legales o si han mentido sobre un hecho relevante durante el proceso de solicitud.
El proceso de desnaturalización a menudo se origina en el USCIS. Una vez que la agencia ha identificado un caso de fraude, lo remite al Departamento de Justicia, que presenta una demanda civil por desnaturalización. USCIS también puede presentar cargos penales por fraude de inmigración.
La desnaturalización no resulta automáticamente en la deportación.
Las personas despojadas de su ciudadanía volverán al estado de residente permanente, a quien se le puede quitar la tarjeta de residencia y se puede retirar del país.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia proporcionó una lista de 10 personas que fueron despojadas de su ciudadanía en los últimos años, desde terroristas condenados hasta violadores de los derechos humanos.
En 2017, Khaled Abu al-Dahab, un egipcio estadounidense condenado por terrorismo en Egipto, fue desnaturalizado mientras estaba en su país natal, despojado de su pasaporte y se le impidió regresar a Estados Unidos.
En 2018, un juez federal revocó la ciudadanía del condenado criminal de guerra bosnio Edin Dzeko, quien se mudó a Estados Unidos como refugiado antes de convertirse en ciudadano en 2006.
Christian Penichet-Paul, gerente de políticas y defensa del Foro Nacional de Inmigración, dijo que esperaba que los esfuerzos de desnaturalización de la administración se limitaran a los casos más atroces.
“Debemos asegurarnos de que la desnaturalización no se aplique a los casos en que las personas hayan cometido un pequeño error involuntario durante el proceso de solicitud”, dijo.
Otros casos parecen provenir de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de la era Obama que expuso el fraude desenfrenado entre los solicitantes de ciudadanía. La investigación, llamada Operación Janus, identificó a 315,000 inmigrantes cuyas huellas digitales faltaban en las bases de datos del gobierno. A los funcionarios de inmigración les preocupa que muchos de los inmigrantes hayan usado identificaciones falsas para obtener la ciudadanía.
Los inmigrantes enfrentaron deportación o eran fugitivos criminales, y “algunos pueden haber tratado de eludir los antecedentes penales y otras verificaciones de antecedentes en el proceso de naturalización”, indicó el departamento.
En el primer caso que surgió de la Operación Janus, un juez federal despojó a un indio americano, Baljindar Singh, de su ciudadanía. No está claro si Singh fue deportado.
El gobierno de EE.UU. utilizó la desnaturalización durante la primera mitad del siglo XX para quitarle la ciudadanía a las personas sospechosas de simpatizar con los comunistas o luchar en guerras extranjeras. Pero una decisión histórica de la Corte Suprema en 1967, Afroyim v. Rusk, puso fin a la práctica.
En 2017, la Corte Suprema dictó una decisión en otro caso de desnaturalización, prohibiendo al gobierno desnaturalizar a los ciudadanos por hacer declaraciones falsas “no materiales” en sus solicitudes de ciudadanía.
