El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles la puesta en vigor del mandato judicial que le permite deportar extranjeros de manera acelerada, una actividad congelada el 27 de julio de 2019.
En un comunicado Tony Pham, director en funciones de ICE, explicó que esto “permitirá proteger aún más nuestras comunidades” y con ello se podrá “preservar la integridad de las leyes de inmigración exigidas por el Congreso”.
La orden fue aprobada el 30 de septiembre por la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington DC.
La declaración asegura que “Acelerar las expulsiones ayudará a evitar que los delincuentes peligrosos ingresen a las comunidades para reincidir de manera potencial”. Quedan exentos de la medida “los niños extranjeros no acompañados”.
Están sujetos a una expulsión acelerada quienes no hayan sido admitidos o puestos en libertad condicional en territorio estadounidense; si se determina que son inadmisibles por Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) o no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, “que han estado físicamente presentes en Estados Unidos de manera continua durante el período de dos años inmediatamente anterior a la fecha de la determinación de inadmisibilidad”.
La INA permite que el Departamento de Seguridad Nacional retire, “sin una audiencia ante un juez de inmigración”, a los extranjeros encontrados en un puerto de entrada que son inadmisibles a EE. UU.
