La Casa Blanca afirmó el martes que el presidente tiene el poder de despedir al fiscal especial Robert Mueller, alimentando las especulaciones sobre su futuro.
“Nos han señalado que el presidente ciertamente tiene el poder de tomar esa decisión”, dijo la secretaria de prensa Sarah Sanders, cuando se le preguntó si el presidente Donald Trump tiene tal autoridad.
El cese de Mueller, que investiga una presunta colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia y también una posible obstrucción a la justicia del mandatario, se considera una línea roja en las filas demócrata y republicana, aunque en la Casa Blanca ya no parece un tema tabú.
Según The New York Times, a principios de diciembre de 2017, Trump, furioso por creer que la oficina del fiscal especial estaba a punto de hacer requerimientos legales sobre sus negocios con el Deutsche Bank, dijo a sus asesores “en términos que no dejaron dudas” que era necesario acabar la investigación de Mueller.
Un episodio parecido había ocurrido al principio del año, cuando el mandatario discutió despedir a Mueller, pero fue convencido de no hacerlo.
Blindaje
Anticipándose a cualquier decisión abrupta, un grupo bipartidista formado por cuatro senadores anunció que trabaja para proteger a Mueller.
Los senadores republicanos Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y los demócratas Chris Coons, de Delaware, y Cory Booker, de Nueva Jersey, planean presentar el miércoles una legislación que daría a cualquier fiscal especial un plazo de 10 días para solicitar una revisión judicial exprés de su cese, según fuentes conocedoras de la iniciativa, que hablaron bajo condición de anonimato porque ni estaban autorizados a discutir el proyecto de ley antes de su presentación.
La norma, que combina dos iniciativas bipartidistas presentadas el pasado verano, remarca la creciente preocupación en el Congreso mientras Trump reflexiona sobre un allanamiento realizado el pasado lunes por el FBI en la oficina de su abogado personal, Michael Cohen.
Trump había valorado en privado la posibilidad de despedir al vicesecretario de Justicia Rod Rosenstein y criticó públicamente a Mueller y su pesquisa sobre Rusia.
El propio presidente contribuyó a esta tesis. “Veremos qué sucede”, contestó al ser preguntado por el futuro de Mueller. “Mucha gente me dijo: ‘debes despedirlo'”, continuó.
Los apoyos de Mueller
Nombrado jefe del FBI en 2001 por el presidente republicano George W. Bush, Mueller fue ratificado en el cargo por el demócrata Barack Obama. Los pesos pesados republicanos apoyaron su nombramiento como fiscal especial en 2017 por su minuciosidad e integridad.
La posición de la Casa Blanca contra Mueller se produjo un día después del allanamiento por parte del FBI de las oficinas del abogado personal de Trump, Michael Cohen.
La acción provocó una ira hasta ahora nunca vista en el presidente: “¡Es una vergüenza! Es un ataque contra nuestro país”.
“El presidente ha sido claro: cree que esto ha ido demasiado lejos”, sentenció su portavoz.
Stormy Daniels
Leal defensor de Trump, Cohen pasó varios años como el principal abogado de la Trump Organization y pagó a una actriz porno para silenciar un supuesto romance con el presidente.
Cohen admitió en enero haber pagado 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels bajo un acuerdo de confidencialidad, días antes de las elecciones presidenciales de 2016. El abogado aseguró que esta suma provenía de sus propios fondos y no del dinero de la campaña, mientras que Trump dijo no estar al tanto de este pago.
Entrevistado por CNN, el abogado subrayó que la investigación lo ponía en una situación incómoda, absteniéndose de reafimar su lealtad a Trump.
“Mentiría si dijera que no estaba (preocupado). ¿Necesito esto en mi vida? No”, expresó Cohen.
Las condiciones bajo las cuales Mueller podría ser despedido no están claras. Algunos juristas creen que solo el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, quien lo nombró, tiene el poder de echarlo.
Algunos observadores se preguntan sobre la posibilidad de que Trump se aleje de Rosenstein, escenario que recuerda al Watergate.
En octubre de 1973, Richard Nixon ordenó a Elliot Richardson, entonces fiscal general, que destituyera a Archibald Cox, encargado de investigar el espionaje político del Partido Demócrata.
Cox, como su adjunto William Ruckelshaus, se negaron a dimitir. El episodio, conocido como “la masacre del sábado noche”, le acabó costando el cargo de presidente a Nixon, obligado a renunciar el 9 de agosto de 1974.
